Análisis de entidades académicas, sociales y de damnificados revelan los atrasos en dotación de nuevas viviendas, mientras siguen cuestionadas las cifras del Gobierno. A eso se suma el hecho de que en muchas zonas las inmobiliarias privadas fueron beneficiadas con las medidas adoptadas, al igual que grandes cadenas de materiales de construcción. Los testimonios apuntan a que la tarea va mal a dos años del terremoto y maremoto de febrero de 2010.
A un año del terremoto, cuando hablamos con don Miguel Barra, se escuchaba cansado y nostálgico. Ahora, que pasó más tiempo, su voz se oye más firme, aunque no menos preocupada: “La gente sigue en la desesperación de no tener una solución definitiva”, aseguró. Y es que pasaron dos aniversarios desde que tuvo que irse a vivir al campamento El Molino, en Dichato, luego de perder sus dos casas y negocios. Las condiciones en que viven actualmente él y sus vecinos son desalentadoras.
“La situación es caótica -relató Miguel Barra-, no tenemos todavía soluciones a servicios básicos. Nos ingeniamos y tratamos de buscar una forma de colgarnos al agua potable que tienen los baños. Estamos llenos de infecciones, garrapatas, pulgas… Los niños, lamentablemente, están viviendo su niñez en un campo de concentración”.
Barra expresó que el Gobierno está diciendo que para poder mantener un terreno en El Molino -ubicado en el sector alto de Dichato- tienen que pagar cinco millones de pesos. “Están haciendo un juego económico y político desastroso, quieren que la mayoría de la gente se encalille para poder recuperar sus terrenos”, aseguró.
Los avances que señaló el Gobierno en materia de reconstrucción, no se ajustan a la realidad de la que es testigo don Miguel.
Vecinos y vecinas que no pueden postular a subsidios y que deben aguantar en aldeas hacinadas o en campamentos que no cuentan siquiera con los servicios básicos. O incluso familias enteras que se vieron obligadas a trasladarse a una vivienda de 50 metros cuadrados y de mala en calidad en la periferia de la ciudad, porque no tienen los recursos para recibir una vivienda digna.
LA VERDADERA RECONSTRUCCIÓN
De acuerdo al Informe del Plan de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda, de las casi 80 mil familias afectadas por el terremoto que recibieron mediaguas, cerca del 95% la construyó en su propio terreno, por lo que supuestamente cuentan con luz, agua y un espacio definido. Pero cuatro mil 350 familias no corrieron la misma suerte. Como no tuvieron lugar donde construir, se vieron obligadas a radicarse junto a otras familias en 107 aldeas instaladas en el país.
Según cifras oficiales, hasta ahora hay 89 aldeas de emergencia donde viven tres mil 353 familias, cuyo próximo reto será enfrentar un tercer invierno sin una casa propia.
“En
Talca, el 41% de lo dañado no fue intervenido, se encuentra en situación de sitio eriazo con una o algunas mediaguas, o un ruco que la propia gente construyó, o una casa a medio derrumbar donde todavía vive gente”, señaló
Francisco Letelier, director del
Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur (
CET SUR) y miembro de la ONG
Sur Maule.
Letelier realizó un estudio junto con el Centro de Estudios Urbano Territoriales del Maule y destacó que sólo en el 7,7% de los casos es posible identificar indicios de trabajos en ejecución, mientras que un 18% de las propiedades dañadas por el terremoto están habitadas en situación precaria y en riesgo sanitario.
“Nos mintieron del primer año y nos siguen mintiendo”, reclamó Alejandro Hormazábal, presidente de laJunta de Vecinos del sector La Poza, en Constitución. Según él, “con suerte, hay un 10% de avance de la reconstrucción y en el departamento de Obras municipal no aparecen registradas ni 50 viviendas recepcionadas por obra”.
Agregó que cuando el Presidente Piñera estuvo en la zona, en diciembre de 2010, dijo que habrían 1.390 soluciones habitacionales de las que todavía no ven nada. “De los cinco proyectos -bajo el programa Constitución a toda Costa- recién hay uno (Altas Cumbres) que tiene un 50% de avance”.
Pablo Díaz, presidente de la Agrupación de Damnificados de Concepción, explicó que los puntajes en la Ficha de Protección Social (FPS) llevó a que algunos vecinos se vieran imposibilitados de postular a los proyectos habitacionales que brinda el Estado, pese a tener sus certificados de damnificados.
Eduardo Ampuero, miembro de la
Red Construyamos, que agrupa más de 30 organizaciones de Concepción y alrededores, señaló que en el sector
Higueras de
Talcahuano, donde permanece un campamento de 50 familias, “no hay reconstrucción”, al igual que en caleta
Tumbes y
El Morro. En Tomé, el total de familias afectadas es de cuatro mil. Dos mil requieren una solución definitiva y solo el 10% la recibió.
En la localidad de Llico, la situación no es muy distinta. Sipriano Orellana, vocero del Comité Damnificados Esperanza de Llico Arauco, perdió dos casas el año 2010. Ahora está viviendo en un sitio eriazo y del único avance que tiene certeza, es de una constructora que se adjudicó los proyectos de construcción: Celco-Arauco y Hurtado Vicuña S.A. De construcción y entrega de viviendas, nada.
Orellana advirtió que no se está beneficiando a verdaderos damnificados. “En Los Álamos, por ejemplo, habían cinco familias damnificadas y entregaron más de 200 y tantas viviendas como reconstrucción. En Coronel, si no me equivoco, fueron los primeros que recibieron vivienda, pero ellos estaban hace seis años postulando a una y los pasaron como reconstrucción por ser damnificados”.
Lorena Arce, vocera y coordinadora del Movimiento por una Reconstrucción Justa (MPRJ) denunció que el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, “inauguró viviendas que venían de antes pero que no eran afectadas del terremoto sino que venían construyéndose como en un año normal”.
Arce aseguró que en Dichato no hay una sola casa levantada con dineros fiscales y las pocas que se ven reconstruidas son por el cobro de seguros particulares. Aparte del campamento El Molino, están las aldeasEsfuerzo y Nuevo Amanecer, que son administradas por privados y que, indicó, “están igual de mal como en los otros campamentos”.
En Santiago, el vocero de los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, José Osorio, dijo que a dos años del terremoto, la reconstrucción no llegó ni recibieron ayuda alguna. La comunidad evaluó 450 inmuebles con daños y hay 90 casos de infraestructuras protegidas por la Ley de Monumentos que requieren reparaciones.
En Villa Olímpica, la vocera Tusnelda Urra aseveró que “todavía no se han reconstruido los edificios que quedaron inhabitables tras el terremoto”.
LA MANIPULACIÓN DE LAS CIFRAS
A dos años del terremoto, el Gobierno señaló que hay un avance del 47% en reconstrucción y que se entregaron72 mil viviendas de las 136 mil que están en construcción, lo que representa dos tercios de la meta.
De acuerdo a un estudio realizado por el
Observatorio de Reconstrucción de la
Universidad de Chile, el 47% de avance en el levantamiento del país del que hablan las autoridades, se refiere a la entrega de subsidios para obras que están recién iniciadas y obras dañadas que son reparadas.
Jorge Larenas, coordinador del Observatorio, explicó que “un subsidio en mano no significa una solución definitiva”, por tanto, lo que hace este organismo es realizar un análisis distinto con los mismos datos que maneja el poder Ejecutivo, estableciendo que la reconstrucción no tiene que ver con asignación de recursos, sino con la entrega concreta de viviendas a beneficiarios.
En ese sentido, son 12 mil 248 casas construidas y entregadas de manera efectiva a las familias damnificadas en todo el país: esto, puntualmente, representa un avance de un 5,57% de las 110 mil casas que fueron destruidas por el terremoto.
EL MODELO DE LA RECONSTRUCCIÓN
Al día siguiente del maremoto, cuando todavía algunas personas creían que todo se trataba de una terrible pesadilla, las empresas inmobiliarias estaban más despiertas que nunca. Llegaron ofreciendo dinero por los terrenos del borde costero de indudable valor turístico, y luego el Gobierno puso su granito de arena y determinó que en sectores como Dichato no se podían construir viviendas por ser consideradas zonas de riesgo.
Así comenzó lo que Lorena Arce, del Movimiento por la Reconstrucción Justa, denominó como una economía de shock: erradicar a la población de los bordes costeros a los cerros y sectores periféricos y dejar a los privados apropiarse de los campos urbanos que tienen mayor plusvalía, con el argumento del riesgo.
“La gente que antes vivía en esos sectores, podía realizar otras actividades comerciales que complementaban sus ingresos, desde vender pan amasado hasta alojar turistas durante la temporada estival. Ahora, todas esas actividades económicas no se van a poder hacer, cuando esas personas sólo tengan la posibilidad de tener un terreno alejado de la zona de mayor valor con la plata que van a obtener por la expropiación”, explicó
Nicolás Valenzuela, de la
ONG Reconstruye.
En ciudades como Talca, las inmobiliarias están viendo oportunidades para generar un nuevo stock de suelo urbano.
En el 20% de la superficie dañada de Talca luego del terremoto, estaban ubicados 15 barrios de cerca de 150 años de antigüedad, donde convivían alrededor de 40 mil personas de diversos estratos sociales. Un 35% eran arrendatarios y allegados y un 50% eran personas pobres.
“Después del terremoto se despejó gran cantidad de suelo, y las inmobiliarias, que tanto les había costado llegar a estos terrenos, hoy se instalan con su modelo de reconstrucción”, sostuvo Francisco Letelier, de la ONG Sur Maule.
El programa “Manos a la obra”, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), es prueba de que desde el Gobierno se sostiene un modelo que da prioridad a los privados. La iniciativa entregó ocho mil millones de pesos a las empresas Easy, Sodimac y Construmart para que repartieran materiales de construcción en las regiones dañadas por el terremoto, sin previa consulta a los principales afectados, los damnificados, quienes por esto vieron afectada su economía local.
Sipriano Orellana, del Comité Damnificados Esperanza de Llico, señaló que en la localidad la única ferretería que había era la de Miguel Burgos. “Este caballero ferretero no recibió ningún beneficio del Gobierno, menos una oportunidad para salir adelante. Las pocas cosas que rescató de su ferretería todavía las tiene. Pero lo dejaron fuera del programa de construcción en nuevos terrenos”.
A esto se sumó que la empresa Cencosud es dueña de Easy, una de las tiendas de venta de materiales de construcción encargada de proveer los insumos para la reconstrucción y reparación de viviendas. Cencosud sacó productos para la venta rotulados como “ayuda humanitaria” desde Argentina, sin declarar y, bajo esa excusa, no pagó IVA ni derechos de exportación. Los 190 camiones con el cargamento fueron detectados en la Aduana y la empresa fue acusada de contrabando documentado y de evadir impuestos.
Cencosud, además, se adjudicó la elaboración de los planes de reconstrucción en Constitución y Talcahuano junto a la empresa Celco-Arauco.
Francisco Letelier, de Sur Maule, dijo que lo más terrible fue cuando el Concejo Municipal aprobó el 14 de abril una propuesta de reconstrucción generada por los vecinos y actores locales, que consistía en la conformación de un Consorcio Técnico de entidades sin fines de lucro que privilegiaría a la empresa local mediante la consulta ciudadana. “Pero luego –añadió Letelier-, el 23 de abril de 2010, el Minvu con el alcalde Juan Castro impuso a la empresa inmobiliaria El Bosque, del grupo Hurtado Vicuña, como encargada del Plan de Reconstrucción Estratégica de Talca, el cual no ha servido para nada”.
El vocero maulino agregó que la base del modelo consiste en que el Gobierno asigna subsidios y las inmobiliarias proveen opciones de solución que, por cierto, son siempre las más rentables. Al final, los damnificados tienen que entenderse directamente con los privados.
“Bajo ese esquema -señaló Nicolás Valenzuela de la ONG Reconstruye- no puede haber participación ciudadana, porque al final son los empresarios quienes toman las decisiones”.
DESINTEGRACIÓN DEL NÚCLEO ORGANIZADO
Cuando Piñera anunció que los damnificados podrían irse a vivir con familiares utilizando un bono de arrendamiento -programa bautizado por las redes sociales virtuales como “Váyase a vivir con un familiar”- mientras les son entregadas las viviendas definitivas, no advertía que esa alternativa ya la habían tomado cientos de familias hace dos años.
Según Eduardo Ampuero, de la Red Construyamos, el apuro del Ejecutivo por erradicar las aldeas -cuando representan poco menos del 2% del total de damnificados-, motivó a que impulsara una política de arriendo “que consiga separar a los grupos de damnificados, barrer con la población hacia los márgenes de la ciudad y facilitar la apropiación de territorios por parte de las inmobiliarias”.
“Los expropiados de Chile queremos poner una querella contra el Estado, porque el Gobierno no tomó con la seriedad, el trabajo y la pertinencia el problema del borde costero. Peritos del Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile demuestran que había otra solución. ¿Cuál? construir casas de concreto que pudieran mantener la estructura ante un tsunami. Pero esas cuestan 12 millones de pesos, y no cuatro como las reparaciones, y la diferencia no se la llevan las constructoras”, denunció Lorena Arce, del MPRJ.
Por Esteban Acuña
El Ciudadano Nº120, primera quincena marzo 2012
